Todos hemos tenido ya conocimiento de las conclusiones del Abogado General, el Sr. Paolo Mengozzi, presentadas el 13 de julio de 2016, que sugieren que es acorde al Derecho de la Unión la decisión de declarar el carácter abusivo de las cláusulas suelo, ordenar que cese su utilización y que se eliminen de los contratos existentes y declarar su nulidad limitando, al mismo tiempo los efectos restitutorios a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido.

Hablando con unos amigos sobre prueba tecnológica, se planteó el reiterado debate sobre qué aporta el Notario, si es que aporta algo, al proceso de prueba tecnológica, sobre el que por cierto, tuvimos un interesante #retoblog que culminó en este post.

Sobre esto, ya hemos hablado en varios posts, algunos de ellos de hace casi dos años (¡cómo pasa el tiempo!), como en este relativo a las actas notariales de redes sociales o este de las actas notariales de fotografías, pero quizás haya que volver a plantear algunos conceptos, en ellos apuntados.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de nueve de junio de dos mil dieciséis resuelve el  recurso de inconstitucionalidad número 4522/2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana. Ha sido Ponente el Magistrado Don Ricardo Enríquez Sancho y cuenta con el voto particular del Magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos.

Una de las actuaciones notariales que quizás es más desconocida es la de la legitimación (que no legitimización, matizo) de firmas. No sólo porque las denominadas “compulsas de documentos” que hacen algunas administraciones han venido admitiéndose en el ámbito administrativo, sin rigor ni precisión jurídica, sino porque la mayor parte de las legitimaciones de firmas se producen en relación a documentos que se incorporan a una escritura matriz y que por ello no generan un documento separado.

Cuando se habla en blogs jurídicos de identidades o domicilios virtuales, uno tiene la impresión de que sólo le importa a él lo que se comenta, pues la trascendencia jurídica del concepto no parece ser mucha. De hecho, hicimos un interesante #retoblog sobre identidad virtual, que destapó distintas ideas y distintos puntos de vista, y me gustaría desarrollar unas reflexiones relativas a la posible expedición de un ID notarial.

El Notario tiene diariamente que realizar una gran variedad de comunicaciones telemáticas. Tratados en otros posts las relativas a los Notarios entre sí, a la Administración Pública en general y a la Administración Tributaria en particular, e incluso habiendo tratado la comunicación con los particulares, y las iniciativas como los poderes electrónicos para pleitos que la mejoran, voy a tratar hoy otra de las relaciones más asentadas y cotidianas: la presentación telemática en los Registros Públicos.

Siguiendo con el estudio de las comunicaciones telemáticas de los Notarios, y habiendo escrito ya sobre la comunicación con los particulares, la de los notarios entre sí o sobre los poderes electrónicos para pleitos, vamos a tratar de explicar algunas de las concretas comunicaciones o interacciones que debemos realizar los Notarios con las Administraciones Públicas en general.

He comentado ya en varias ocasiones en el blog que el grado de interacción telemática del Notariado es extraordinario, fundamentalemente en relación a las Administraciones Públicas, siendo la asignatura pendiente la comunicación con los particulares, cuestión que no obstante va avanzando con iniciativas como la de los poderes electrónicos para pleitos. Quiero centrarme hoy en las relaciones telemáticas que tenemos los Notarios entre nosotros. Que las tenemos. Muchas y muy variadas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016 resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, cuyo contenido básico podía encontrarse en este post que publiqué en mi blog. En la Sentencia ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, y presenta un interesante voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.

Dejando de lado la evolución de la normativa sobre firma electrónica en Europa y en nuestro país, actualmente la normativa que debemos tener principalmente en cuenta es el Reglamento (UE) Número 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 (Reglamento eIDAS) relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Es importante saber a qué se aplica y a quién se aplica este Reglamento. Para ello, su artículo 1 define el objeto del Reglamento, que se centra en establecer normas o condiciones para tres ámbitos distintos pero interconectados: condiciones de reconocimiento de medios de identificación electrónicos, servicios de confianza y un marco jurídico para firmas y sellos electrónicos, entre otros.