Los contratos entre personas que se encuentran en lugares distintos, y que se realizan de manera electrónica, pueden abordarse en cuanto a su normativa desde dos puntos de vista: La normativa de comercio electrónico en general y la contratación notarial en particular.

Hoy toca hablar de bitcoin. Mejor dicho, toca volver a hablar de bitcoin, pues lejos queda ya aquel post sobre herencias y bitcoin de julio de 2014, que fue, de hecho, de los primeros del blog, cuando comenzaba a plantearse su vertiente económica y jurídica, y tratábamos de comprender mejor el fenómeno de la cadena de bloques para analizar su encaje en la actuación notarial. 

Una de las cuestiones que más preocupa a los padres es quién se hará cargo de sus hijos si a estos les ocurre cualquier desgracia que impida el ejercicio de la patria potestad. Fundamentalmente, el miedo a fallecer y dejar desprotegidos a los niños, o quedar incapacitados para ejercer la patria potestad. En todos estos casos, es posible, y altamente recomendable que los padres acudan al Notario para prevenir esa circunstancia y fijar en documento público quién será el tutor de sus hijos y cómo se ejercitará esa tutela.

Vuelvo a recuperar a Don Manuel, aquel Notario al que requirieron para hacer un acta de un apple watch, esta vez para un post que mis amigos y compañeros de notariAbierta me han invitado a publicar, a lo que por supuesto he accedido muy agradecido. 

Tras el éxito del primer #RetoJCF sobre testamento digital, desde Juristas con Futuro se plantea un segundo y apasionante tema relativo a las denominadas evidencias digitales. Como no podía ser de otra manera, voy a realizar mi aportación en este post, pues es una materia sobre la que ya he tratado anteriormente y que me preocupa por la relación entre el Notario y esas evidencias digitales. 

Cuando una persona acude a la Notaría, parece bastante lógico que deba identificarse para realizar cualquier actuación. De vez en cuando asaltan dudas sobre cómo identificarse, pues encontramos una pluralidad de documentos, con diversos fines y efectos, y no todos sirven para ello, al menos en la Notaría. 

El Instituto Nacional de Estadística realiza varias encuestas anuales que arrojan datos reveladores sobre los hábitos digitales de los ciudadanos y las empresas españolas. He tenido ocasión de analizar los datos que arrojan, siendo algunos de ellos bastante reveladores no sólo de por dónde van ahora los tiros en materia de relaciones digitales, sino también de por dónde irán en los próximos años.

Es indudable que nos encaminamos sin retorno a una relación principal, e incluso exclusivamente, electrónica con la Administración Pública. Lentamente, norma tras norma, se van asentando nuevos procedimientos de relación electrónica con ella, tanto para los particulares como para algunos de los colectivos que solemos relacionarnos cotidianamente con ella, como por ejemplo los Notarios.

La normativa sobre declaración de obra es quizás una de las materias sobre las que más matices, interpretaciones y dudas existen: Cuándo se es autopromotor, qué es vivienda unifamiliar, cómo es el “uso propio”, etc. Todas esas dudas no sólo provocan quebraderos de cabeza a las personas que se embarcan en la aventura de construirse una casa, sino también a todos los operadores jurídicos involucrados en el proceso de configuración jurídica de la propiedad resultante de la edificación.

Analizo hoy otra Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene incidencia en materia notarial. Concretamente la de 10 de septiembre de 2015 (Asunto C‑151/14), que si bien reitera cuestiones ya tratadas en anteriores Sentencias, merece algún comentario en relación a la situación legislativa actual. Primero trataré de resumir y centrar los pronunciamientos de la Sentencia, para finalizar con una reflexión sobre si, a mi entender, sería aplicable esta conclusión al Notariado español.